Editorial: ¿Qué pasa con mi asistencia?
Hace unas semanas, un periódico de tirada nacional, iniciaba con esta frase un artículo sobre la ilegalización de cientos de miles de inmigrantes en Italia. Solo en Roma hay unos 100.000 extranjeros ilegales (que no tienen papeles ni contrato de trabajo) cuidando ancianos, niños y discapacitados. En toda Italia habría unas 700.000 familias que podrían ser acusadas de cómplices de un crimen penado con entre uno y cuatro años de cárcel.
La prensa también ha recogido recientemente las noticias sobre la ola de xenofobia que se ha producido en Sudáfrica, País en el que se ha luchado por que todas las razas, todas las etnias pudiesen vivir en armonía.
En Nápoles, adultos y niños asaltaron un campamento gitano, quemándolo y saqueándolo y poniendo en riesgo la vida de centenares de personas y niños, que fueron acusados de delincuentes.
Francia y España llevan cinco meses estudiando una propuesta común para un “pacto europeo sobre inmigración”, en el que el País Galo pretende introducir un contrato para los inmigrantes que entren en Europa, por el cual, entre otras cosas, esas personas deberán respetar las identidades y valores del país que los acoge.
Todo apunta a que en Europa, pero no solo en Europa, si no en todo el mundo, caminamos hacia una lógica que pretende convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de una situación económica que se deteriora, olvidando que esas personas, empleados legal o ilegalmente y sin que nadie se preocupase de si se respetaban o no sus derechos, han contribuido de manera decisiva al crecimiento económico de Europa y de todo el mundo.
Es evidente que es preciso, regular la entrada de personas que quieren ir a otro país huyendo de la pobreza del suyo o de las guerras y persecuciones políticas, pero no podemos olvidar que ese es el problema de origen; que en muchas partes del mundo existen ciudadanos que no pueden comer todos los días y que no pueden vivir dignamente, y a eso tienen derecho.Por esa razón, hay en primer lugar que hacer posible que esos países, algunos de ellos con importantes riquezas naturales, se desarrollen económica y democráticamente. Algo de eso empieza a poner en práctica el Gobierno Español. Después se pueden hacer normas que regulen la entrada de esas personas, pero garantizando la legalidad de los empleos que ellos ocupen, mejorando los servicios públicos de todo tipo, para que no exista competencia entre unos ciudadanos y otros y sobre todo para que sus derechos como personas no sean maltratados.
La prensa también ha recogido recientemente las noticias sobre la ola de xenofobia que se ha producido en Sudáfrica, País en el que se ha luchado por que todas las razas, todas las etnias pudiesen vivir en armonía.
En Nápoles, adultos y niños asaltaron un campamento gitano, quemándolo y saqueándolo y poniendo en riesgo la vida de centenares de personas y niños, que fueron acusados de delincuentes.
Francia y España llevan cinco meses estudiando una propuesta común para un “pacto europeo sobre inmigración”, en el que el País Galo pretende introducir un contrato para los inmigrantes que entren en Europa, por el cual, entre otras cosas, esas personas deberán respetar las identidades y valores del país que los acoge.
Todo apunta a que en Europa, pero no solo en Europa, si no en todo el mundo, caminamos hacia una lógica que pretende convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de una situación económica que se deteriora, olvidando que esas personas, empleados legal o ilegalmente y sin que nadie se preocupase de si se respetaban o no sus derechos, han contribuido de manera decisiva al crecimiento económico de Europa y de todo el mundo.
Es evidente que es preciso, regular la entrada de personas que quieren ir a otro país huyendo de la pobreza del suyo o de las guerras y persecuciones políticas, pero no podemos olvidar que ese es el problema de origen; que en muchas partes del mundo existen ciudadanos que no pueden comer todos los días y que no pueden vivir dignamente, y a eso tienen derecho.Por esa razón, hay en primer lugar que hacer posible que esos países, algunos de ellos con importantes riquezas naturales, se desarrollen económica y democráticamente. Algo de eso empieza a poner en práctica el Gobierno Español. Después se pueden hacer normas que regulen la entrada de esas personas, pero garantizando la legalidad de los empleos que ellos ocupen, mejorando los servicios públicos de todo tipo, para que no exista competencia entre unos ciudadanos y otros y sobre todo para que sus derechos como personas no sean maltratados.