Urbanismo: El ayuntamiento de Madrid subasta 630 viviendas públicas ocupadas a una empresa privada
La EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo) perteneciente al Ayuntamiento de Madrid ha acordado la subasta pública de cuatro promociones de viviendas públicas, un total de 630 pisos ubicados en Sanchinarro, Moratalaz, Carabanchel y Vallecas.
El pasado 13 de Septiembre el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a subastar al mejor postor parte de la flota de vivienda pública protegida la cual había sido adjudicada en régimen de alquiler durante un máximo de diez años sin opción a compra de forma automática. Todos estos contratos contienen una cláusula por la que una vez transcurrido dicho plazo la Administración podría, siempre y cuando se cumplieran los requisitos necesarios para ser beneficiario/a de una vivienda pública, ofrecer la compra a los inquilinos/as previa descalificación de la vivienda, es decir a precio libre.
Nos guste o no este modelo, las condiciones eran claras y conocidas por todos los firmantes, la sorpresa radica no tanto en que el Ayuntamiento renuncie a su facultad de ofrecer la compra a los actuales ocupantes, si no a la decisión de vender estos pisos a fondos de inversión o grandes capitales privados (ya que se subastarán bloques enteros) por un precio medio de unos 102.000 euros por piso.
En respuesta a las críticas vertidas tanto por la oposición como por las familias afectadas, el Consistorio ha aclarado que el nuevo propietario/a se subroga en todos y cada uno de los derechos y obligaciones que en este momento ostenta la administración por lo que mantendrá la misma renta hasta el plazo máximo de vigencia de estos contratos que en ningún caso superará el año 2020, una vez concluido éste procederá a disponer de los inmuebles libremente. Huelga decir que lo que se intenta vender como una concesión no responde más que aun imperativo legal que excluye cualquier otra posibilidad al existir un contrato de alquiler previo.
Igualmente nuestro Alcalde ha defendido este cambio en el modelo de vivienda pública entendiéndolo como un ejercicio de solidaridad para poder seguir construyendo, comprometiéndose públicamente a que los cerca de 65 millones de Euros a los que va a ascender el botín se reinvertirá integrante en construcciones de esta tipología.
Transcurrida ya la fecha para la presentación de las ofertas, sólo la empresa Lazora ha manifestado su interés por esta operación incluyendo las cuatro promociones, una vez que la documentación sea comprobada por el Notario, serán los servicios técnicos de la EMVS los que estudien con detenimiento la propuesta presentado para proceder a la adjudicación de manera provisional a la espera de la autorización definitiva de la comunidad de Madrid. Una vez conseguida, se formalizará la escritura de compraventa por un montante de 65 millones de Euros.
Esta empresa cuyos accionistas son las principales cajas de ahorros y fondos de pensiones del mercado español se dedica en exclusiva a la vivienda protegida en régimen de alquiler.
Somos muchas personas las que pensamos que es patente la necesidad de cambios estructurales en el modelo de vivienda pública, sobre todo los que creemos firmemente en ella, por ello discutimos la posibilidad de la compra por parte de los ocupantes abogando por el alquiler sin plazo determinado siempre y cuando exista un control férreo de las condiciones necesarias para beneficiarse de este recurso tan costoso y necesario y defendiendo igualmente que la rotación justificada de los inquilinos/as garantizaría un mayor y más justo acceso a este recurso.
Dicho esto, lo que resulta evidente es que la venta al sector privado de un bien público sufragado por todos los contribuyentes con el aparente único fin de sanear las cuentas del Ayuntamiento más endeudado de España no soluciona nada, ni siquiera este fin pecuniario ya que lo recaudado será prácticamente calderilla en relación a los más de 1000 millones de deuda que acumula en estos momento la EMVS y por el contrario beneficia, a costa del esfuerzo de la ciudadanía, a los de siempre, a los que han contribuido y participado en el boom inmobiliario que tanto daño nos ha hecho y nos hace, los que ven en ésta una operación perfecta sin riesgo alguno: comprar por debajo del precio de mercando y vender muy por encima.
Deberíamos pensar seriamente en lo que está sucediendo y preocuparnos de veras por lo que parece un reflejo directo y sin complejos del propósito subyacente de acabar con la vivienda pública.
El pasado 13 de Septiembre el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a subastar al mejor postor parte de la flota de vivienda pública protegida la cual había sido adjudicada en régimen de alquiler durante un máximo de diez años sin opción a compra de forma automática. Todos estos contratos contienen una cláusula por la que una vez transcurrido dicho plazo la Administración podría, siempre y cuando se cumplieran los requisitos necesarios para ser beneficiario/a de una vivienda pública, ofrecer la compra a los inquilinos/as previa descalificación de la vivienda, es decir a precio libre.
Nos guste o no este modelo, las condiciones eran claras y conocidas por todos los firmantes, la sorpresa radica no tanto en que el Ayuntamiento renuncie a su facultad de ofrecer la compra a los actuales ocupantes, si no a la decisión de vender estos pisos a fondos de inversión o grandes capitales privados (ya que se subastarán bloques enteros) por un precio medio de unos 102.000 euros por piso.
En respuesta a las críticas vertidas tanto por la oposición como por las familias afectadas, el Consistorio ha aclarado que el nuevo propietario/a se subroga en todos y cada uno de los derechos y obligaciones que en este momento ostenta la administración por lo que mantendrá la misma renta hasta el plazo máximo de vigencia de estos contratos que en ningún caso superará el año 2020, una vez concluido éste procederá a disponer de los inmuebles libremente. Huelga decir que lo que se intenta vender como una concesión no responde más que aun imperativo legal que excluye cualquier otra posibilidad al existir un contrato de alquiler previo.
Igualmente nuestro Alcalde ha defendido este cambio en el modelo de vivienda pública entendiéndolo como un ejercicio de solidaridad para poder seguir construyendo, comprometiéndose públicamente a que los cerca de 65 millones de Euros a los que va a ascender el botín se reinvertirá integrante en construcciones de esta tipología.
Transcurrida ya la fecha para la presentación de las ofertas, sólo la empresa Lazora ha manifestado su interés por esta operación incluyendo las cuatro promociones, una vez que la documentación sea comprobada por el Notario, serán los servicios técnicos de la EMVS los que estudien con detenimiento la propuesta presentado para proceder a la adjudicación de manera provisional a la espera de la autorización definitiva de la comunidad de Madrid. Una vez conseguida, se formalizará la escritura de compraventa por un montante de 65 millones de Euros.
Esta empresa cuyos accionistas son las principales cajas de ahorros y fondos de pensiones del mercado español se dedica en exclusiva a la vivienda protegida en régimen de alquiler.
Somos muchas personas las que pensamos que es patente la necesidad de cambios estructurales en el modelo de vivienda pública, sobre todo los que creemos firmemente en ella, por ello discutimos la posibilidad de la compra por parte de los ocupantes abogando por el alquiler sin plazo determinado siempre y cuando exista un control férreo de las condiciones necesarias para beneficiarse de este recurso tan costoso y necesario y defendiendo igualmente que la rotación justificada de los inquilinos/as garantizaría un mayor y más justo acceso a este recurso.
Dicho esto, lo que resulta evidente es que la venta al sector privado de un bien público sufragado por todos los contribuyentes con el aparente único fin de sanear las cuentas del Ayuntamiento más endeudado de España no soluciona nada, ni siquiera este fin pecuniario ya que lo recaudado será prácticamente calderilla en relación a los más de 1000 millones de deuda que acumula en estos momento la EMVS y por el contrario beneficia, a costa del esfuerzo de la ciudadanía, a los de siempre, a los que han contribuido y participado en el boom inmobiliario que tanto daño nos ha hecho y nos hace, los que ven en ésta una operación perfecta sin riesgo alguno: comprar por debajo del precio de mercando y vender muy por encima.
Deberíamos pensar seriamente en lo que está sucediendo y preocuparnos de veras por lo que parece un reflejo directo y sin complejos del propósito subyacente de acabar con la vivienda pública.