Editorial: Después de las elecciones.
Tras una larguisima campaña electoral, el pasado 9 de marzo, los ciudadanos elegimos a las personas que formaran parte del Parlamento y del Senado en la próxima legislatura y también a quien ocupara la presidencia del gobierno de España.
Estos últimos 4 años, han estado plagados de ataques entre las distintas fuerzas políticas, y la sociedad española hemos vivido una permanente tensión, fruto de la crispación que se ha dado en la vida política.
El 9 de marzo, la ciudadanía ha dicho con claridad y por medio de una amplia participación en las urnas, quienes son nuestros representantes y quienes queremos que nos gobiernen.
Es verdad que la composición de las cámaras no refleja fielmente el voto de una sociedad plural como la nuestra. Es por ello que se hace urgente una reforma de la ley electoral que garantice una verdadera proporcionalidad entre los votos y los escaños asignados.
Ahora bien, ni ésta, ni ninguna otra razón, pueden justificar una nueva legislatura como la anterior. Es evidente que tanto la oposición como quien gobierna, están no solo en su derecho sino en la obligación, de defender sus programa y propuestas, pero esto se puede y se debe hacer con respeto y sobre todo, teniendo en cuenta, los primeros que no gobiernan porque los ciudadanos no lo han querido y los segundos, que deben cumplir sus promesas y gobernar para todos sin prepotencia.
Estos últimos 4 años, han estado plagados de ataques entre las distintas fuerzas políticas, y la sociedad española hemos vivido una permanente tensión, fruto de la crispación que se ha dado en la vida política.
El 9 de marzo, la ciudadanía ha dicho con claridad y por medio de una amplia participación en las urnas, quienes son nuestros representantes y quienes queremos que nos gobiernen.
Es verdad que la composición de las cámaras no refleja fielmente el voto de una sociedad plural como la nuestra. Es por ello que se hace urgente una reforma de la ley electoral que garantice una verdadera proporcionalidad entre los votos y los escaños asignados.
Ahora bien, ni ésta, ni ninguna otra razón, pueden justificar una nueva legislatura como la anterior. Es evidente que tanto la oposición como quien gobierna, están no solo en su derecho sino en la obligación, de defender sus programa y propuestas, pero esto se puede y se debe hacer con respeto y sobre todo, teniendo en cuenta, los primeros que no gobiernan porque los ciudadanos no lo han querido y los segundos, que deben cumplir sus promesas y gobernar para todos sin prepotencia.